El establecimiento de agenda como oportunidad de incidencia

El establecimiento de agenda como oportunidad de incidencia

En otros textos para este espacio hemos hablado sobre cómo el proceso electoral de 2018, en conjunto con otros factores como el auge de las redes sociales y la “era de la información”, permitieron observar mayor intensidad en el debate público sobre temas políticos. En ese contexto, la larga duración de la pandemia por COVID-19 -que ya lleva ocho meses en México- ha catalizado la discusión pública, situación que se puede observar en redes sociales, columnas de opinión, podcasts, programas radiofónicos, y demás medios de comunicación.

En tal debate y en general cuando se discuten temas de interés público -como el actuar de las autoridades, o lo conveniente o no de tal o cual decisión- se tiende a usar ciertos conceptos de una manera más o menos coloquial, pero que, de origen, provienen de las Ciencias Políticas. Conceptos como “agenda”, “políticas públicas” o “problemas públicos” aparecen de manera constante en las conversaciones, e incluso se han instalado como lenguaje común no solo de agentes de gobierno, sino de periodistas, líderes de opinión, consultores, empresarios, y poco a poco se han ido afianzando en la opinión pública en general.

Sin embargo, aunque sea un lenguaje cotidiano, se trata de conceptos complejos, y su entendimiento a medias puede derivar en falsas concepciones sobre lo que las autoridades deben hacer, en desinformación (como las tan conocidas fake news), e incluso en oportunidades perdidas para el posicionamiento de temas de interés público ante los ojos del gobierno. En ese sentido, resulta importante realizar ejercicios para profundizar -en la medida de lo posible- sobre tales conceptos, en pos de contar con una discusión pública más informada y trascendente, que derive, además, en el reconocimiento de las oportunidades de incidencia con la que cuentan los distintos tipos organizaciones.

Problemas públicos y políticas públicas

Cuando se habla de políticas públicas es importante tener la noción de que éstas no son soluciones; parafraseando al Dr. Luis Aguilar, una política pública es más bien una hipótesis para dar solución a un problema público, y, en ese sentido, las decisiones que derivan en cómo se diseñan o implementan, pueden cambiar a la luz de nueva información. Por su parte, los problemas públicos son situaciones problemáticas a las que se les otorgó una relación causal buscando que se activen los mecanismos para que se diseñe una política pública, esperando su solución.

Definición del problema y establecimiento de la agenda

Otorgar una relación causal no es otra cosa que pensar por qué está sucediendo esa situación problemática: “porque A, entonces B”. Por ejemplo, la relación causal que se le ha dado al cambio climático es la alta emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo que ha derivado en que las políticas públicas que se han diseñado para combatirlo estén basadas en la reducción de las emisiones de ese tipo de gases. Idealmente, este proceso -al que técnicamente se le llama definición del problema- se realiza con base en información científica, en pos de que la política en la que derive sea más eficaz en el tratamiento del problema público. Al proceso en el que se les otorgan relaciones causales a las distintas situaciones problemáticas -y mediante el cual los recién definidos problemas públicos buscan la atención del gobierno- se le llama establecimiento de agenda, pues las situaciones que se encuentran en la agenda pública (la lista de inconformidades de la sociedad), se convierten en problemas en la agenda de gobierno (la lista de prioridades de las autoridades).

Oportunidad de incidencia

Para diversos autores como el propio Luis Aguilar, o Paul Sabatier, en los procesos de establecimiento de agenda participan distintos tipos de actores -desde las autoridades, hasta la sociedad civil o actores de mercado- con diversos objetivos, que definen las distintas situaciones según les sea conveniente. Con base en ello, se puede trascender la idea de que el diseño de políticas públicas recae solamente en las autoridades, pues hay un sinnúmero de actores que participan en los procesos de establecimiento de agenda, incidiendo directamente en los asuntos sobre los que los gobernantes deciden poner su atención.

Esta situación, por cierto, nos recuerda al concepto de gobernanza del que se habló en otra entrega para este espacio; la gobernanza -como nuevo proceso de gobernar- toma en cuenta las interacciones entre el gobierno y la sociedad civil, incluyendo a los actores de mercado. Los conceptos planteados en párrafos anteriores, así como los procesos que explican, son básicos para entender las nuevas formas de gestión pública.

En ese sentido, tanto la sociedad civil organizada, como la iniciativa privada, tienen la posibilidad de incidir de manera más profunda en los procesos de diseño de políticas, mediante la creación de espacios de diálogo, la generación de información relevante, la celebración de alianzas multisectoriales y la comunicación estratégica de sus objetivos, intereses y puntos de vista. De este modo, el desarrollo de áreas específicas dentro de las organizaciones (tanto sociales como privadas), que se encarguen del mejor entendimiento de las situaciones problemáticas de su interés, y que tengan la capacidad no solo de encontrar distintas alternativas para definirlas, sino de comunicar efectiva y estratégicamente tales definiciones, se vuelve fundamental.

Sin duda, las áreas de asuntos públicos, comunicación estratégica, relaciones gubernamentales, y similares, fungen un papel medular en la consecución de los objetivos de las organizaciones; pero no solo eso, en la actualidad, dadas las nuevas dinámicas sociales, gubernamentales y de mercado, cuentan con amplias ventanas de oportunidad para incidir en la manera en que se toman decisiones públicas.  Sin embargo, además de los retos que implican el diseño de estrategias de asuntos públicos y comunicación, esta capacidad de incidencia conlleva una amplia responsabilidad para quien busque hacerla valer, pues estará incidiendo en decisiones que impactarán en amplios sectores sociales.

Roberto Manero es Licenciado en Política y Gestión Social así como Maestro en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco. Es especialista en Asuntos Públicos, Análisis Político y Relaciones Gubernamentales.